El autotransporte de carga anunció un paro nacional indefinido a partir del próximo lunes 27 de octubre, tras considerar agotadas las vías de diálogo con autoridades federales, estatales y municipales. El presidente nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), Augusto Ramos Melo, advirtió que “México no aguanta más” y que el sector “no puede seguir siendo ignorado” mientras enfrenta inseguridad, extorsiones, cobro de piso, carreteras deficientes, sobrerregulación y reducción de estímulos fiscales.
Ramos Melo subrayó que los transportistas “no hemos dejado de trabajar” ni de cumplir con el abasto del país, incluso en pandemia y fenómenos naturales. Sin embargo, dijo que los problemas se acumulan sin respuestas efectivas. Exigió cambios en la estrategia de seguridad carretera, apertura de autoridades locales ante detenciones injustificadas y extorsiones, y mejoras en autopistas cuyo peaje no se compensa con su estado.
En materia fiscal, CANACAR solicitó mantener el umbral de 300 millones de pesos de ingresos anuales para el estímulo de acreditamiento de casetas y que el límite de 250 millones opere de manera proporcional. “No pedimos privilegios. Pedimos condiciones equitativas”, afirmó Ramos Melo, quien recordó que las decisiones fiscales impactan costos, empleos y el precio final de las mercancías.
Augusto Ramos dirigió un mensaje directo a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo: “Presidenta, somos sus aliados. Apoyamos su proyecto de país. Apoyamos el Plan México”. Por ello, le pidió intervenir y revisar la propuesta de la Secretaría de Hacienda, al tiempo que aseguró que el gremio no busca perjudicar a las familias ni detener la economía, sino ser escuchado antes de que el paro afecte el abasto.
Por su parte, Carlos García Álvarez, presidente nacional de la Honorable Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (HAMOTAC), señaló la corrupción, el alto costo de combustibles y la sobrerregulación municipal, y aclaró que no bloquearán: tomarán un carril para visibilizar la magnitud del descontento. Lauro Rincón Hernández, presidente nacional de la Federación Mexicoamericana de Transportistas (FEMATRAC), destacó el agravamiento de la inseguridad, el 80% de la infraestructura en mal estado y el asesinato de operadores. Ignacio Granados Villanueva, vicepresidente de la Organización Integradora de Derechos Condicionales (INDECO), denunció la revictimización de los hombres-camión ante las fiscalías y las trabas para poder liberar unidades.
El paro podría involucrar hasta la mitad del parque vehicular (alrededor de un millón de unidades) y generar pérdidas de 21 mil 500 millones de pesos diarios, además de afectar 1.6 millones de toneladas de mercancías, 11 millones de pasajeros y 21 mil cruces fronterizos con Estados Unidos. “Si el transporte se detiene, la economía de México se detiene”, advirtió Ramos Melo.
