La Comisión Federal de Competencia Económica, recomendó a los poderes Ejecutivos y Legislativo de Nuevo León, así como los Ayuntamientos de Apodaca, General Escobedo, García, Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina y Santiago, Nuevo León que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen las reformas normativas necesarias para que los Reglamentos Homologados no afecten el proceso de competencia económica y libre concurrencia en la provisión de los servicios público y privado de autotransporte de carga.
Cabe recordar que las asociaciones y cámaras del sector han denunciado los pagos que diversos municipios de Nuevo León solicitan a cambio de permisos de circulación, o de carga y descarga, sin fundamento o atribuciones, para permitir el tránsito de camiones de carga y que derivan en mayores costos para el traslado de mercancías.
De acuerdo con el documento de la COFECE, “la importancia estratégica para la economía del transporte por carretera de bienes y mercancías en cualquier sector de la economía el servicio de transporte juega un papel determinante pues permite el traslado de bienes y mercancías. En términos del volumen de carga transportada, el autotransporte de carga es el medio de transporte predominante en México para recolectar las mercancías de los centros de producción.
“La importancia del autotransporte de carga en la actividad económica de Nuevo León se refleja en los 129,782 vehículos empleados para el transporte por carretera de bienes y mercancías. Asimismo, dicha entidad federativa -entre otros datos e indicadores que ofrecen un panorama de su situación e importancia económica- cuenta con 169,290 unidades económicas (3.3% del total en nuestro país), genera el 7.5% del producto interno bruto (PIB) nacional y cuenta con 94 parques industriales y/o tecnológicos.
“De esta manera, la regulación de esta actividad debería tener por objeto alcanzar fines concretos de política pública tales como establecer condiciones de seguridad a las que se deben ajustar los vehículos y sus conductores, reducir el congestionamiento de tránsito y la contaminación, entre otros. No obstante, es importante que los instrumentos regulatorios utilizados para ese efecto no distorsionen indebidamente el proceso de libre concurrencia y competencia.
“Las disposiciones contenidas en los Reglamentos Homologados regulan, entre otros aspectos, los movimientos, circulación y estacionamiento, así como las maniobras de ascenso y descenso de personas, carga o descarga de bienes o mercancías, que realice cualquier vehículo matriculado en el país o el extranjero que circule en el territorio de los municipios que integran la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León”.
“Estas medidas se encuentran relacionadas con objetivos de cuidado ambiental, seguridad vial, prevención, control y orden del tráfico vehicular y, por ende, tienden a la protección del interés social. No obstante, como se señaló con anterioridad, los objetivos referidos deberían ser alcanzados sin limitar injustificadamente el proceso de libre concurrencia y competencia, particularmente cuando existen otras alternativas más neutrales.
“Las restricciones a la actividad que realizan las unidades económicas que prestan los servicios público y privado de autotransporte de carga contenidas en los Reglamentos Homologados tienen un impacto negativo en el proceso de competencia y libre concurrencia”, señala la COFECE.
Asimismo, de acuerdo con los resultados de una encuesta de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), “si los transportistas cambiaran sus actuales vehículos por vehículos más pequeños que no estén sujetos a la regulación contenida en los Reglamentos Homologados, el parque vehicular se incrementaría por lo menos en 63.7%, lo cual empeoraría el congestionamiento y la emisión de contaminantes en la zona metropolitana”.
