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AMLO anuncia que regularizarán autos “chocolate” en BC

Durante su gira por Baja California, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que regularizarán los vehículos usados provenientes de Estados Unidos, conocidos popularmente como vehículos “chocolate”.

“Antes de la elección me plantearon la demanda de regularizar los carros que circulan en Tijuana y en Baja California que se adquieren en Estados Unidos, y entonces dije que había que esperar a que pasara la elección para que no se viera como un acto electorero. Ya pasó la elección y ahora sí les voy a decir aquí, en Baja California, que muy pronto vamos a dar una respuesta para que los que tienen esos carros puedan regularizarlos”, precisó López Obrador.

Explicó que buscarán el mejor mecanismo para hacerlo. “Esto va a ayudar mucho porque muchos delitos se cometen en carros que no están regularizados y no se sabe quiénes son sus dueños. Entonces, vamos a tener un registro”.

El presidente añadió que buscarán también que se resuelva en definitiva la propiedad de esos vehículos.

“Lo que se cobre por esa regularización, que no va a ser mucho, porque los que tienen estos carros por lo general es gente humilde, gente pobre, gente que no tiene para comprar un carro nuevo y necesita esos carros para llevar a sus hijos a la escuela y es gente con pocos recursos económicos, de modo que no van a pagar mucho, van a pagar muy poco por la regularización y ese dinero vamos a etiquetarlo, es decir, lo que se obtenga por esa regularización va a ser para beneficio de la misma gente de Baja California y sobre todo para beneficio de la gente pobre, para salud, para educación, para agua, para vivienda de la gente de Baja California”.

En entrevista con Mario González de Enfoque Noticias, el director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales, declaró que el anuncio del presidente es un golpe para los propietarios que han hecho un esfuerzo, no solo para adquirirlo y pagar sus impuestos, sino que además este tipo de procesos de regularización reconoce la incapacidad del gobierno para aplicar la ley y dar carta abierta al contrabando.

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