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¿Qué debería incluir la Ley de Seguridad Vial?

La Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM) se pronunció a favor de una Ley General de Seguridad Vial (LGSV) y recalcó que urge avanzar en un marco nacional que permita establecer la concurrencia entre los tres niveles de gobierno para prevenir y reducir las muertes, lesiones y discapacidades ocasionadas por accidentes o hechos de tránsito.

Aproximadamente cada hora mueren 2 personas en las vías. Cada año 40 mil personas resultan con algún tipo de discapacidad. Hasta en el 70% de los casos las personas con discapacidad por accidente no vuelven a conseguir empleo. A nivel nacional, los costos de la seguridad vial ascienden a 150 mil millones de pesos, de acuerdo a un informe de la Organización Panamericana de la Salud en 2013, precisó Angélica Vesga, Directora de Asuntos Públicos de WRI México, Secretaria Técnica de la AMAM.

Por ello es indispensable ley contemple como mínimo:

  1. Una Agencia Nacional de Seguridad Vial. Se requiere una institución autónoma o mínimo a nivel de Subsecretaria que permita establecer políticas y acciones concretas para la reducción de accidentes y facilite la articulación de los esfuerzos en los tres niveles de gobierno. Esta institución en el marco de un sistema nacional de seguridad vial debe tener autonomía técnica para definir objetivos tácticos, estratégicos y operativos.
  2. La Concurrencia de atribuciones. Establecer claramente y respetar las atribuciones de los tres niveles de gobierno respetando las atribuciones, para implementar efectiva y eficazmente la Ley General de Seguridad Vial, que permita prevenir y reducir las muertes, lesiones y discapacidades ocasionadas por accidentes de tránsito.
  3. Mecanismos financieros definidos que permitan la correcta asignación de recursos que viabilicen el desarrollo e implementación de planes, programas y proyectos de seguridad vial.
  4. Un observatorio nacional de seguridad vial que brinde información para la toma de decisiones en materia de política pública en los tres niveles de gobierno. Se debe considerar la experiencia y fortalecimiento de la CONAPRA.
  5. Criterios mínimos para la gestión de factores clave en la reducción de accidentes como la velocidad, el alcohol y diseño vial, que deberán ser considerados en normas técnicas, así como homologados en los respectivos reglamentos de tránsito, según sea el caso.
  6. Estandarización de registros vehiculares y licencias. Establecer mecanismos que faciliten la estandarización de procesos de obtención de licencias y registros vehiculares, considerando siempre la protección y resguardo de datos personales y las facultades de las instituciones.
  7. Vehículos seguros. Incluir los criterios mínimos de seguridad vehicular (ligeros y pesados) bajo estándares internacionales como la OMS para ser derivados en las respectivas normas de dispositivos de seguridad vehicular en México.

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